Antecedentes
En las últimas décadas, los gobiernos se han dado cuenta de que el empleo de personas con discapacidad reduce el costo de los beneficios por discapacidad para el presupuesto de las naciones y puede reducir la pobreza. Esto ha dado lugar a numerosos esfuerzos en todo el mundo para convencer a otros agentes sociales y económicos de que las personas con discapacidad tienen una valiosa contribución que hacer en sus negocios y en la economía en general.
Sin embargo, a pesar de numerosas regulaciones e incentivos legales, la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo difícil. Es difícil comparar la situación en diferentes países debido a las diferencias en definiciones, metodologías, etc. Sin embargo, podemos ver que el porcentaje de personas con discapacidad que no trabajan es significativamente más alto a nivel mundial.
Las personas con TEA tienen una situación especialmente difícil a la hora de acceder al empleo. Su tasa de empleabilidad es especialmente baja, en comparación con la población general de personas con discapacidad. Es decir, menos del 10 % de las personas con TEA tiene un empleo en comparación con el 45 % de las personas con discapacidad y el 65,8 % de las personas sin discapacidad.
Estructura del marco legal
Teniendo en cuenta el extenso y complejo sistema de normas y convenios internacionales, y las obligaciones que adquieren los Gobiernos al suscribir dichos convenios o como miembros de Organismos Internacionales o Uniones Políticas, consideraremos tres niveles del marco legal respecto del empleo de personas con discapacidades: Internacionales, Europeas y Nacionales.
Desde la segunda mitad del siglo XX, múltiples organismos internacionales han venido dando pasos hacia el establecimiento de estándares internacionales prescriptivos para los gobiernos en cuanto al establecimiento, reconocimiento y observancia de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, la magnitud y la fuerza legal de estos instrumentos varía.
Según la División de Política Social y Desarrollo de las Naciones Unidas, el marco legal internacional admite dos tipos de instrumentos:
Tratados internacionales que son vinculantes para los Estados y crean obligaciones legales para los Estados Partes.
Instrumentos internacionales que no son vinculantes para los Estados. Expresan principios generalmente aceptados y representan un compromiso moral y político de los Estados.
Aplicación del derecho internacional
Los Estados son los principales responsables de transformar las prácticas legislativas, administrativas y judiciales, para empoderar a las personas con discapacidad para ejercer sus derechos.
Hay tres métodos principales disponibles para implementar los instrumentos legales internacionales en la legislación nacional:
1) Incorporación directa de los derechos reconocidos en el instrumento internacional a lo que se puede denominar una "carta de derechos" en el ordenamiento jurídico nacional.
2) La promulgación de diferentes medidas legislativas en las leyes civiles, penales y administrativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales.
3) Funcionamiento automático de los instrumentos jurídicos internacionales en el ordenamiento jurídico nacional.
